Hackeados datos de 4,5 millones de usuarios de la venta online de a Alhambra
- 08/07/2019
Según nos explica "El Pais", La empresa responsable del sistema informático de venta on-line de entradas para la Alhambra y el Generalife reconoció en Mayo de 2019 que los datos de 4,5 millones de personas que compraron entradas en su sistema en los últimos dos años han sido hackeados. La empresa informática califica el ciberataque de “ataque informático profesional y organizado cuyo origen e interés se desconoce”. Esta información fue posteriormente confirmada por la Junta de Andalucía.
Los datos comprometidos datan desde marzo de 2017, cuando la Unión Temporal de Empresas (UTE) Hiberus Sicomoro asumió la gestión del sistema. Este incidente afecta no solo a los datos personales de usuarios individuales, como correos electrónicos y números de teléfono, sino también a aproximadamente mil agencias de viaje que utilizan la misma plataforma para la compra de entradas.
Hiberus Sicomoro asumió el sistema de venta de entradas para la Alhambra hace más de dos años, después de un prolongado proceso de licitación. El contrato estipulaba que la empresa tendría acceso a los datos de tarjetas bancarias utilizadas en las compras, así como a información personal y bancaria del comprador, los mismos datos que ahora están comprometidos. La compañía afirma que, al conocer el incidente de seguridad, activaron protocolos para subsanar la vulnerabilidad de inmediato.
Aunque la UTE no ha proporcionado detalles sobre la fecha del incidente ni la cantidad exacta de datos robados, Patricia del Pozo, consejera de Cultura, considera el incidente desafortunado pero asegura que está en proceso de solución. El Patronato de la Alhambra ha solicitado a Hiberus Sicomoro un informe detallado sobre la seguridad del sistema y las medidas tomadas, que será enviado a la Agencia Española de Protección de Datos. FACUA, la asociación de consumidores, ha denunciado el caso ante esta agencia, argumentando que el Patronato tiene la obligación de informar en un plazo de 72 horas si existe riesgo para los derechos de las personas, aunque hasta el momento no hay constancia de tal denuncia.
